Uno de los retos más importantes que la sociedad debe afrontar a diario es precisamente el de la integración laboral de todas aquellas personas que están en posible riesgo de exclusión socio-laboral, por tanto, una prioridad y una responsabilidad para cualquier sector es garantizar la igualdad de oportunidades, el respeto por la diversidad y el acceso al mercado de trabajo para los colectivos más vulnerables.
La situación de las personas con discapacidad
En Chile, según el estudio Nacional de Discapacidad del SENADIS (2015), 20% de la población presenta alguna condición de discapacidad (2.836.818), de los cuales un tercio se encuentra sin trabajo, una cifra bastante elevada considerando que más de la mitad (11,7%) posee una discapacidad leve a moderada. Asimismo, la investigación revela que quienes están empleados, reciben una remuneración 32% inferior que una persona sin discapacidad, lo que es bastante discriminatorio y no da cuenta de las políticas igualitarias que hoy en día deberían estar implementando las empresas.
Por otro lado, de acuerdo al estudio, 70% de las personas en situación de discapacidad (PSD) proviene de los 3 primeros quintiles de ingreso y 40,4% se encuentra en situación de dependencia, es decir, requiere de un cuidador para desempeñar sus actividades diarias.
Ante este escenario, la nueva ley publicada el 15 de junio de 2017 que establece la reserva de empleo del 1% para las PSD, busca habilitar 27.500 cupos laborales y terminar con la discriminación salarial. Así, las empresas de 200 o más trabajadores tienen la obligación de contratar o mantener contratadas a personas con discapacidad que cuenten con calificación y certificación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), o que posean pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.
Sin embargo, de acuerdo a un estudio realizado por Randstad, actualmente 44% de las empresas chilenas no tiene personas en situación de discapacidad en su plantilla; cifra que llega a 67% en las pequeñas organizaciones (1 a 50 empleados), a 60% en las medianas (50 a 200 empleados) y a 29% en las grandes (+201 empleados). Por otro lado, 39% de las organizaciones declara no estar abordando la temática con planes concretos para los desafíos estructurales y culturales que se avecinan y 30% dice no saber si se están realizando los ajustes necesarios.
Al parecer, en Chile aún no se conocen los motivos por los cuales las firmas deberían tener muy en cuenta estas posibilidades de contratación. De todas ellos, destacamos cinco:
- Mínimas dificultades de adaptación: según el estudio "Jóvenes, Discapacidad y Empleo, una radiografía para reflexión y acción” de la Fundación Randstad y Fundación ATRESMEDIA, solo en un 10% de los casos las personas con discapacidad tuvieron dificultades para adaptarse a su puesto, y un 8% presentó algún problema de productividad inicial. Es decir, se integran rápidamente a las funciones que se les asignan y cumplen con la exigencia requerida en ese trabajo desde el primer momento.
- Actitud positiva y alto compromiso de los empleados: el estudio señala que las empresas que contratan a personas con discapacidad valoran mayoritariamente (un 58%) factores personales de estos empleados, como el talento y las capacidades del trabajador, por encima de otras variables. Las personas discapacitadas, señala el informe, suelen tener una buena disposición al trabajo y una gran motivación en su día a día.
- Aporta beneficios organizacionales: impulsar la integración laboral implica incorporar valores como la diversidad, pluralidad, respeto y solidaridad al ADN corporativo de una organización. Este compromiso por la normalización de la integración, impulsado por las empresas, es además muy valorado.
- Mejora el ambiente interno: el informe apunta a que se genera un impacto positivo (en un 33% de los casos) de esos valores en los equipos de trabajo. Los compañeros con capacidades diferentes aportan tolerancia al clima laboral y, además, contagian sus ganas al resto. Crean lazos nuevos y contribuyen al espíritu de equipo.
- Los incentivos y el fomento de este tipo de empleo: las empresas que se deciden a fomentar la integración, además de acceder a los grandes beneficios anteriormente mencionados, tienen derecho a algunas bonificaciones según distintas variables relativas a las personas con discapacidad contratadas.
Así, apostar por la integración laboral de este grupo es, en definitiva, un compromiso común en el que empresas, compañeros y personas con discapacidad salen ganando cualquiera sea el escenario y un objetivo pendiente en Chile es concienciar a la sociedad sobre esta importante cuestión, desarrollando programas, acuerdos y distintos proyectos que aporten a la inclusión en todo sentido.